La historia del contrato corrupto –y vigente– que permanece a la sombra en el caso Odebrecht

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La justicia demostró que se pagó una coima de 4.000 millones de pesos para que el Consorcio Ruta del Sol 2 consiguiera el contrato de Estabilidad Jurídica, cuyo apoderado fue Néstor Humberto Martínez. Aunque su nulidad podría derivar en un reintegro millonario de impuestos a la Dian, nadie lo ha demandado.

El 31 de diciembre de 2012 el lobista Federico Gaviria tenía una misión crucial: vigilar la gallina de los huevos de oro. Si todo salía bien, Gaviria y sus secuaces, tendrían, literalmente, año nuevo y vida nueva por cuenta de la riqueza que se meterían al bolsillo.

Para cumplir su misión Gaviria y Juan Nicolás Devis Morales, apoderado del Consorcio Ruta del Sol 2, se plantaron en la sede del Ministerio de Comercio, vigilantes de la suerte final que correría el contrato de estabilidad jurídica por el que habían “trabajado” día y noche en los últimos meses. Gaviria sintió que la fortuna se le escapaba de las manos cuando una funcionaria les ordenó que se retiraran del edificio, ubicado en el centro de Bogotá. Gaviria, urgentemente llamó a Otto Bula, su socio lobista, y le informó que lo estaban sacando. Este de inmediato se comunicó con el entonces influyente senador Bernardo ‘Ñoño‘ Elías quien a su vez llamó a Luis Miguel Pico, asesor de ese ministerio. Como por arte de magia la orden se reversó y pudieron estar en el lugar hasta que, finalmente, fueron llamados para firmar el contrato. Fue el momento en que la gallina de los huevos de oro dio a luz.  

Por ese negocio habían trabajado durante dos años los socios directivos del Consorcio Ruta del Sol 2 (conformado por Odebrecht y Episol) y su abogado Néstor Humberto Martínez. El contrato era clave porque garantizaba la aplicación de la normatividad vigente en  2012 en materia de impuesto al patrimonio por un periodo de 13 años de vigencia. El beneficio estaba asociado al contrato de construcción de la Ruta del Sol II, licitación cuyo valor ascendió a los 2,5 billones de pesos. 

El contrato de estabilidad jurídica vio la luz luego de una carrera contrarreloj. Fue firmado justo en vísperas de año nuevo, apenas unas horas antes de que entrara en vigencia la ley que proscribió ese tipo de contratos en Colombia.  

La bendición llegó desde el Comité de Estabilidad Jurídica, instancia del MinComercio, el 28 de diciembre de 2012, día en el cual Éder Paolo Ferracuti, representante del consorcio, se fue a celebrar las fiestas decembrinas y le concedió poder a Devis Morales para que suscribiera el contrato. Lo mismo hizo Néstor Humberto Martínez con Julián Solorza Martínez, miembro de su pool de abogados. 

Interrogatorio a Juan Nicolás Devis Morales en la Corte Suprema de Justicia el 2 de noviembre de 2017.


Tres días después, Gaviria y Devis protagonizaron el episodio del ingreso al ministerio: el que Federico Gaviria, Otto Bula y Ñoño Elías hubieran estado al tanto de cada movimiento de la firma era el anuncio de que algo turbio había ocurrido. Ante la justicia Devis dijo que no tenía conocimiento de ningún delito. Por su parte, Gaviria, Ñoño Elías y Bula reconocieron que sí. 

Son muchas las sombras que rodean la existencia de este contrato por el que la justicia ya determinó que se pagó una coima de 4.000 millones de pesos. La principal, que contrario a lo que ocurrió con el ‘contrato emblemático’ de la corrupción en Colombia –el de la adjudicación de la megaobra Ruta del Sol 2– este no ha sido ni demandado ni está en proceso de ser terminado por acuerdo de las partes. 

Ahora bien, actualmente el contrato de estabilidad jurídica no surte efectos porque está sujeto a la vida del contrato de obra del tramo dos, el cual fue terminado por las partes y los términos de la liquidación están sujetos a la decisión de un tribunal de arbitramento, que además deberá decidir si lo anula o no. No obstante, después de probarse que fue conseguido con maniobras ilegales, es natural que una autoridad se pronuncie respecto al de estabilidad jurídica, ya que al retrotraer sus efectos podría hasta obligar al consorcio a devolver los beneficios tributarios que recibieron en casi cinco años de aplicación.

La negociación de Martínez

La primera carta para conseguir el contrato se la jugaron meses después de ganarse la licitación para la construcción del tramo dos. Marko Harasic, representante legal de la concesionaria Ruta del Sol y Johanna Gil Villegas, representante legal de la Fiduciaria Corficolombiana S.A., le dieron poder a Martínez para que representara a la firma en la solicitud. En septiembre de ese año el hoy fiscal radicó la petición inicial en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

El Comité de Estabilidad Jurídica que estudió el caso estuvo encabezado por el viceministro de Desarrollo Empresarial, Carlos A. de Hart, y los representantes de los ministerios de las carteras de Hacienda, Minas, Transporte y Planeación Nacional. En septiembre de 2011 dieron su veredicto negando las pretensiones de Martínez y lo hicieron apoyados en un concepto del Inco que aseguraba que el objeto del contrato iba en contravía de las políticas del gobierno.  

Según intimidades de las negociaciones –delatadas por Bula–, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, llegó a señalar en su momento que prefería renunciar antes que firmar un contrato como estos. No obstante, fueron suficientes las gestiones de los siguientes 14 meses para que los argumentos en contra se transformaran en un sí unánime de delegados del Gobierno y hasta de la Presidencia de la República (ver acta de asistentes) que terminaron por darle la bendición a su suscripción. Cabe recordar que la decisión, antes rechazada por el Inco, después contó con la bendición de la Agencia Nacional de Infraestructura (entidad que reemplazó al Inco), cuya dirección estaba en cabeza de Luis Fernando Andrade.  

Años después se descubrió que esto que parecía un caso de éxito del abogado Martínez Neira, en realidad fue un contrato que se consiguió inyectando plata corrupta en tres frentes: el Gobierno, el Congreso y la ANI. 


Actas de asistentes a Comité de Estabilidad Jurídica años 2011-2012. Archivo Semana.


La coima

A través del acta de la inspección que hizo la Corte Suprema de Justicia a la Constructora Norberto Odebrecht, en marzo de 2017, se confirmaron los testimonios que ya le habían dado a la justicia Otto Bula y Federico Gaviria. 

El documento deja constancia de que la abogada Liliana Carolina Sarmiento, como representante legal de la Constructora Norberto Odebrecht, hizo entrega a la corte de cuatro contratos en los que se contrató a Otto Bula para sacar adelante los proyectos de la constructora. El lobista logró demostrarle a la justicia que esos cuatro documentos son falsos. Su versión es que Luiz Bueno, expresidente de Odebrecht, le pidió que los suscribiera en el 2016 con el fin de legalizar dineros que no tenían soporte.

“Después de la gestión de los congresistas se consigue la viabilización en un tiempo muy rápido, de dos a tres meses, inclusive fue aprobado el 31 de diciembre del 2012, el último día”, Otto Bula

El contrato número cuatro desató controversia. En él aparece estampada la firma de  Yezid Arocha y Amilton Hideaki en representación de la Constructora Noberto Odebrecht, y de Otto Bula como contratista. La fecha es del 4 de junio de 2012 y tenía como objeto la prestación de servicios de Bula para la aprobación definitiva y suscripción del contrato de estabilidad jurídica. En las cláusulas se establece una cuota de éxito de 4.000 millones de pesos, los ejecutivos de Odebrecht también se esmeraron por dejar explícito un ítem en el que se le informa a Bula que el asesor jurídico del consorcio era Néstor Humberto Martínez.

Después de varios peritajes, la Fiscalía concluyó que estos contratos eran falsos. Bula explicó a la justicia que cuando estalló el escándalo de Odebrecht, Luiz Bueno le pidió suscribirlos con el fin de cuadrar cuentas y achacarle pagos que en realidad no recibió. En el caso del contrato número cuatro, a pesar de que el documento sería falso, fue cierto el pago de la coima por 4.000 millones de pesos, el trámite que adelantó como apoderado del consorcio Néstor Humberto Martínez y la intervención soterrada del lobista Otto Bula para mover fichas a fin de conseguirlo. 

La Fiscalía a través de varios comunicados de prensa ha señalado que “el objeto del contrato es lícito”. Aún así en octubre de 2017 arrancó una investigación. Y consecuencia de ello, se adelantan negociaciones con Federico Gaviria y Otto Bula. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador Bernardo ‘Ñoño‘ Elías y acusó al excongresista Plinio Olano. También fue capturado y llamado a indagatoria el senador Antonio Guerra de la Espriella. 

“(el contrato de Estabilidad Jurídica) tenía que ser  finiquitado antes del 31 de diciembre de 2012, habida consideración que estaba en curso el trámite de una reforma tributaria en la que se prohibía la suscripción de este tipo de contratos, por tanto, la gestión acordada y asumida por el congresista era fundamental para la multinacional para lograr su cometido, como en efecto ocurrió”, concluyeron los magistrados de la Corte Suprema.
Bula y Federico Gaviria explicaron cómo la intervención ilegal se hizo en tres frentes: 1. El Congreso para evitar que sus planes se vieran frustrados por una reforma tributaria que incluía un artículo que desaparecía los contratos de estabilidad jurídica del ordenamiento legal colombiano. 2. Ante miembros del Gobierno y funcionarios del Ministerio de Comercio, entidad encargada de tramitar el contrato de estabilidad jurídica. Y 3. ante la Agencia Nacional de Infraestructura, cuyo papel fue el de conceptuar en favor del contrato. 

1. Intervención en reforma tributaria: Las declaraciones de Federico Gaviria delataron por primera vez la existencia de un grupo de congresistas bautizados como los buldóceres, por su capacidad de mover todo lo necesario en el Congreso. Según Bula, desde que le hicieron la propuesta al senador Bernardo Elías, este manifestó que “una reforma tributaria no la tranca un solo senador”, por lo que fue necesaria la ayuda de otros congresistas.  Se compulsaron copias contra Mussa Besaile Fayad (investigación preliminar), Bernardo Miguel Elías (condenado), Antonio Guerra de la Espriella (en indagatoria) y Armando Benedetti (indagación preliminar). Este último aseguró a SEMANA que no votó la reforma tributaria y que Bula ha asegurado ante varias autoridades que desconoce la supuesta participación de Benedetti en estos hechos.

2. ¿Tentáculos en Mincomercio y Gobierno? Para poder llegar hasta el Comité de Estabilidad Jurídica, Bula aseguró que se buscó la ayuda de Luis Miguel Pico, entonces funcionario del Ministerio de Comercio: “Jugó un papel muy importante porque ayudó a darle el visto bueno a este contrato de estabilidad jurídica”, señaló. El contrato de Estabilidad Jurídica fue suscrito por el exviceministro de Hacienda Javier Hernández. En el debate de control político contra el fiscal, el senador Gustavo Petro señaló la cercanía de Hernández con Luis Bernardo Villegas (salpicado en el caso Odebrecht), con quien trabajó  en la secretaría de Movilidad como estructurador del SITP. 

3. Concepto de la ANI: Federico Gaviria señaló que Luis Bernardo Villegas también ayudó a conseguir el contrato de estabilidad jurídica; su papel habría sido el de conseguir que el área jurídica de la ANI conceptuara a favor. El lobista aseguró que le escuchó a Éder Paolo Ferracuti, exrepresentante legal del consorcio, que Villegas había cobrado un valor cercano a los 7.000 millones de pesos.  

De la coima desembolsada, según Gaviria, se pagaron 2 millones de dólares a los senadores que trabajaron en la gestión y 500.000 dólares para Otto Bula y 500.000 para el propio Federico Gaviria. Los testigos aseguraron que la plata se giró por Panamá, a través de la firma Transmitir y Comunicar SAS del Héctor Mario Restrepo, y a Pico se le pagaron 50 millones de pesos. Pico ha desmentido los señalamientos en su contra y ha asegurado que lleva 23 años desempeñando diferentes cargos públicos lo que le ha permitido hacerse al capital que ha obtenido “con eficiencia, empeño, responsabilidad y honestidad”.

E

¿Mentiras del fiscal?Martínez fue apoderado por el representante legal de la concesionaria Marko Harasic para que sacara adelante el contrato de estabilidad jurídica. Según Petro, por este contrato se le pagaron 30 millones de pesos mensuales y 50 millones como cuota de éxito. Harasic fue reemplazado por el portugués Éder Paolo Ferracuti, quien tiene orden de captura en Colombia y pedalea un principio de oportunidad con el fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa. 


Poderes concedidos a Néstor Humberto Martínez para tramitar contrato de Ruta del Sol tramo 2. Archivo Semana.

En mayo de 2018, el exrepresentante del consorcio y otros dos ejecutivos –Amilton Ideaki Sendai y Marcio Marangoni– tocaron la puerta de la Fiscalía para adelantar una negociación con la justicia. Esta petición de principio de oportunidad hizo que Martínez se declarara impedido ante la Corte Suprema de Justicia. 

La sorpresa es que Martínez no mencionó en su solicitud la necesidad de apartarse de la negociación por haber trabajado para Ferracuti, cuando fue representante legal del consorcio y sacó adelante el contrato de estabilidad jurídica. El fiscal fundamentó el impedimento en que había sido contratado por el Grupo Aval entre septiembre de 2015 y marzo de 2016, “fechas para las cuales nada se conocía en el mundo de los comportamientos punibles de Odebrecht”. Martínez le aseguró a la corte que Aval le pidió adelantar una reclamación contra la concesionaria por contratos millonarios que no tenían soporte (Es decir que Martínez primero fue apoderado de la concesionaria y luego su contrincante). Al final los socios de la concesionaria concluyeron el pleito con un polémico contrato de transacción suscrito el 11 de marzo de 2016, que consistía en el pago de 33.081 millones de pesos y echarle tierra a cualquier reclamación futura.

En momentos en que la Corte Suprema enfila sus fuerzas para debatir el álgido tema de los impedimentos del fiscal, este argumento seguramente entrará a pesar entre quienes consideran que el fiscal Martínez les mintió a los magistrados que lo pusieron a la cabeza de la Fiscalía. 

En el debate a puerta cerrada que dio la corte para nombrar a un fiscal ad hoc, el expresidente de la Sala Penal, magistrado Luis Antonio Hernández, manifestó que las grabaciones hechas por Enrique Pizano y reveladas por Noticias Uno, contradecían los términos en que Martínez se ha declarado impedido. El fiscal reconoció que fue abogado del consorcio en los años 2015 y 2016, y ha insistido que eso fue “cuando nada se conocía en el mundo de los comportamientos punibles de Odebrecht”. Una afirmación que fue interpretada por el togado como una mentira, dado que para esas fechas Martínez sabía de las irregularidades en millonarios contratos y proyectó el polémico contrato de transacción. 

La primera noticia de la representación de Martínez como apoderado del consorcio para este contrato fue el 12 de febrero de 2017 cuando les respondió a sus contradictores políticos en un comunicado de prensa: “En su condición de abogado fue contratado en el año 2012 por la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol SAS para tramitar una petición ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo relacionada con el contrato de estabilidad jurídica, que nada tiene que ver con los asuntos que actualmente son objeto de investigación de la Fiscalía”. 

En entrevista con El Espectador, el fiscal aseguró que después de las averiguaciones hechas por la Fiscalía se logró establecer que detrás de ese contrato hubo un soborno de 4.000 millones de pesos. “Nosotros lo hicimos público; aunque, aclaro, yo no soy el fiscal del caso”, dijo.

Llama la atención que pese a que trabajaron por el mismo propósito –Néstor Humberto Martínez, como apoderado del consorcio, y Otto Bula y Federico Gaviria, como lobistas– en ningún interrogatorio de la Fiscalía a los ‘ventiladores’ del caso se les ha interrogado sobre Martínez. Cabe recordar que el preacuerdo que pretende conseguir Gaviria dependió de la Fiscalía, directamente del despacho del fiscal Daniel Hernández, hasta el pasado mes de diciembre, cuando la Corte Suprema de Justicia lo envió a manos del fiscal ad hoc. El funcionario mantiene esta negociación congelada y está revisando los términos punto por punto.

En cuanto a Bula, SEMANA consultó a su apoderado, el abogado Alejandro Sánchez quien afirmó que existe un protocolo de negociación en el que la Fiscalía se comprometió a tramitarle un “principio de oportunidad por el delito de lavado de activos a cambio de inmunidad penal”. No obstante, esta parte de la negociación –que obligaría a que el fiscal Martínez se declarara impedido y que el caso fuera trasladado a la Fiscalía ad hoc– permanece en el búnker, congelado, desde hace dos años. Es decir, la Fiscalía mantiene el toro por los cuernos. Entretanto, el polémico contrato de estabilidad jurídica, a pesar de las evidencias y sentencias penales, sigue vigente sin que nadie se interponga para tratar de cobrar los recursos multimillonarios que dejaron de entrarle a la Dian. 

Tomado de Semana

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