Miedo y subversión contra la verdad

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El martes 12 de marzo pasado en la noche, por primera vez en Colombia los partidos políticos de oposición — Polo Democrático, Verde, Colombia Humana, Farc, Unión Patriótica y Mais — hicieron uso del derecho de réplica consagrado por el artículo 15 de la ley 1909 de 2018, a través de la representante a la Cámara, Juanita Goebertus Estrada, a quien escogieron en forma unánime para que respondiera por televisión el discurso del presidente de la República, Iván Duque, en el que anunció las 6 objeciones que por inconveniencia le hizo al proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que ya había pasado el examen de revisión en la Corte Constitucional exigido por el artículo 241 numeral 8 del texto superior. En lo tocante a la juridicidad, el fallo es intangible por haber hecho tránsito a cosa juzgada, que no puede ser desconocida por ninguna otra autoridad pública, incluida la del jefe del Estado. La disertación de la legisladora fue una lección sencilla de fácil asimilación, coincidente con la que al respecto se le había escuchado al Procurador General de la Nación, quien afirmó que las objeciones irrespetan la institucionalidad y generan un enfrentamiento entre los poderes públicos, que en conjunto contribuyen a diluir los temores que le han infundido a la ciudadanía al tratar de desvirtuar la necesidad de esa ley, base operativa de la justicia transicional, en cuanto se ocupa en lo más difícil del acuerdo de paz, como es la búsqueda de la verdad, para que pueda haber justicia, reparación y compromiso de no repetición.

Al unísono con el procurador, la doctora Goebertus afirmó que “la decisión del presidente Duque de objetar apartes de la ley de la Jurisdicción Especial de Paz pone en grave riesgo la separación de poderes”, y fue más tajante al decir que “atenta contra la construcción de paz y busca distraer a la ciudadanía de una agenda política nacional que realmente nos una y que nos permita concentrarnos en resolver los principales problemas del país”. Y de verdad, a la congresista no le falta razón, pues el partido de gobierno y su director en forma tozuda lo venían exigiendo, lo que le resta seriedad a la supuesta independencia del presidente, quien debería cumplir el compromiso de servir bien y lealmente a Colombia, y no a otra causa, como la que le critican a los cuatro vientos, de estar favoreciendo a sectores que parecerían querer la paz o lo simulan, pero le temen a la verdad y a las consecuencias que ella pueda acarrearles. En este aspecto, el papel de la ciudadanía debe ser de rechazo masivo a quienes con el falso ropaje de patriotas y en forma falaz promueven el miedo y la zozobra, como recurso político al que le han sacado incalculables réditos. Los colombianos no podemos continuar en el error de creer en quienes han venido fundando su vigencia en el conflicto al que algunos de ellos mismos han contribuido, como el que, por otro lado, ahora se incentiva con Venezuela, utilizando como argumento los desvaríos de todas las partes, que aunque preocupan y no podemos ni debemos ser indiferentes como vecinos, no tenemos por qué ser coadyuvantes, y menos beligerantes, de ninguno de los bandos en contienda.

La votación que hubo para que el señor Iván Duque llegara a la presidencia no es carta blanca para someter el país a designios personales disfrazados de preocupación por las víctimas del conflicto, y por los militares que defienden la institucionalidad. Una prueba al canto en el caso de las primeras es que le han imposibilitado tener representación en los cuerpos legislativos, como lo contempla el acuerdo de paz, y a los segundos, sobre todo en el nivel más bajo, el de soldados, a sufrir el rigor de una guerra que no puede ser interminable, exponiéndose a las minas anti personas o a perder la vida. De allí que la protesta ciudadana se justifique a plenitud, para rechazar de manera contundente la subversión contra la verdad.

castroyanes@gmail.com

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