Interpretación sesgada, visión incompleta

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Hay sectores políticos en Colombia que, equivocadamente, esgrimen el concepto de un Funcionario del CICR como herramienta para el debate político en favor de una negociación con el ELN.

Se equivocan porque:
1- No le corresponde al CICR calificar ni el Estatuto de los Actores Armado, ni “encuadrar” dichas acciones en las diferentes instituciones definidas en los Protocolos I y II a los Convenios de Ginebra. Es cuestión del Gobierno.
2- La del conflicto armado interno no internacionalizado, no es la única caracterización  que se define en ese Convenio sobre Derechos Humanos en medio de acciones armadas No es una ponderación técnica. Es una decisión política.
3- La entrevista desconoce, oculta o no aborda, que la situación de tensiones o de disturbios interiores, tramitada bajo el Derecho Penal Interno, que no es contraria a la preceptiva humanitaria, que no desconoce los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos y que no excluye al CICR de cumplir sus misiones humanitarias. El CICR es neutral y no hace distinciones diferentes a las de combatientes y no Combatientes.

Por mi experiencia y conocimientos en el manejo del tema, creo que el periodista y su fuente no avanzaron en consideraciones sobre lo que prevé  el DIH cuando “el estado de cosas” no se “encuadra” en las condiciones de que bajo un mando unificado se ejecutan acciones armadas, planificadas y sostenidas en contra del  Gobierno y que  desarrollan con el objetivo de derrocarlo, de derrotarlo, de disputarle el Derecho a Gobernar, para reemplazarlo.

Y,  de aquellas consideraciones se deriva, por parte del Gobierno combatido o  el reconocimiento de las motivaciones políticas de su “enemigo” para  negociar el cese total y  definitivo de las acciones armadas.
Eso hizo el Gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc

Pero, no podemos olvidar que sobre los mismos hechos, el Gobierno Uribe I y II entonces  y el de Uribe III, o de Duque 0 definían auer  y definen hoy la situación de los enfrentamientos  armadas diciendo que  “unos grupos delincuenciales organizados, vinculados al narcotráfico y otras actividades ilegales, desafían el poder del Estado que, a través del Gobierno Legítimo y sus Fuerzas Armadas y de Policía, tiene el deber de enfrentarlos para disuadirlos, someterlos, derrotarlos o eliminarlos”

No es el CICR el organismo al que le corresponda definir el estatuto de los Actores del Conflicto, o calificar las intenciones o motivaciones de los combatientes sin importar que sean Estatales, No estatales o Paraestatales.

Ese no es el campo del DIH, ni la función del CICR.

El reconocimiento de las motivaciones de la guerrilla, es un asunto politico que, en cuanto ocurre, posibilita unas negociaciones  que se encuadran en la Constitución del País – Alta Parte Contratante- que ha incorporado en su ordenamiento superior los referidos convenios sobre Derechos Humanos en medio de conflictos armados.
Ello incluye el hecho de que los Acuerdos Especiales a los que lleguen los Actores del Conflicto Armado Interno , que se reconocen mutuamente como simétricos, para el desarrollo del Objetivo del Protocolo II (Proteger y mitigar  a civiles y NO combatientes de los efectos y consecuencias de las Acciones Armadas, incluído el cese definitivo y permanente de las Acciones Armadas,  se consideran como extensión del Acuerdo Principal y, en lo pertinente, pueden estar por encima de la constitución de la Alta Parte Contratante, siempre y cuando vaya en cumplimiento de otros tratados o convenios sobre Protección a los Derechos Humanos: Tratado de Roma (Corte Penal Internacional), Principios de Chicago (Justicia Transicional), Convenios sobre el uso de armas prohibidas etc….

Pero, cuando el Gobierno no le  reconoce las motivaciones políticas a la guerrilla, cuando lo encuadra en la misma condición de la Delincuencia Común Organizada (bandas criminales, bandas residuales, disidencias etc…), es decir: cuando se niega la existencia del conflicto armado interno no internacionalizado, cuando la situación , por una Decisión Política, el Gobierno la caracterice como un Estado de tensiones y distrubios interiores,  ello no quiere decir que no se aplique la Preceptiva Humanitaria y de los Derechos Humanos.

Bajo ese estatuto, se demanda  el cumplimiento de las Preceptiva Humanitaria en el entendido de que el trámite, o la Conducción de dicho Estado de Tensiones y Disturbios  Interiores, está orientado a que cesen las acciones armadas con el sometimiento del Actor No Estatal, o Paraestatal, a las normas del  derecho penal interno (sometimiento a la Justicia).
Eso ya lo hemos aplicado en Colombia. Al amparo de la Constitución, se desarrollaron  sistemas de justicia y normas de favorabilidad Penal (vgr Ley de Justicia y Paz y otras), para facilitar el sometimiento de Paramilitares y Narcotraficantes a la Justicia.

moisespinedasalazar@yahoo.com

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