La polémica Ley de Infraestructura

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A un año de cumplirse la promulgación de la Ley de Infraestructura, es ahora cuando comienza a debatirse su esencia, en atención a que allí se incluyó un parágrafo que ha comenzado a levantar críticas y encender una fuerte polémica en los diferentes sectores políticos y gremiales del país.

El mencionado aparte de la norma aprobada en el Congreso de la República, señala de manera textual que: “cuando una autoridad administrativa, judicial o estatal termine de forma anticipada un contrato público-privado, en la liquidación de ese negocio el Estado debe reconocerle al contratista el valor actualizado de los costos, las inversiones y los gastos ejecutados, incluyendo los intereses”. Como quien dice, léalo despacio y no se atragante.

De entrada, con razón se debe pensar que fue ese ‘paragrafito’ un gran mico bien colgado no se sabe por quién, pero sí que sabía a quien iba a beneficiar con su carneado texto. Por ello, tuvo a bien el Contralor de ese entonces, Edgardo Maya Villazón, advertir a los congresistas de su inconveniencia para el país y procedió a demandar la ley ante la Corte Constitucional.

Como bien lo explicara en ese entonces el alto funcionario costeño, esta norma terminará premiando a los corruptos, y de hecho, ese es el gran temor que existe entre los que respaldan la demanda y le solicitan a la Corte que la declare inexequible.

En este mismo sentido, el Procurador General Fernando Carrillo le ha señalado a la alta corporación judicial, que esa norma contraría la moralidad administrativa y el patrimonio público, por cuanto le exige al Estado que efectúe reconocimientos al contratista, “asumiendo indirectamente la condición de deudor de las obligaciones del particular”; vale decir que al no dejarse excluidos los contratos terminados por causas corruptas y por el contrario se ordenó que fuese retroactiva para los proyectos de infraestructura de transporte, lo que se teme por parte de los organismos de control es que sobrevenga una ola de demandas contra el Estado exigiendo este cumplimiento y el pago de billonarios recursos, como lo ha venido solicitando la multinacional Odebrecht.

Lo explicado por la Oficina Jurídica de la Presidencia de la República también es valedero, toda vez que cuestiona que tenga el Estado que hacer reconocimientos patrimoniales a los contratistas con intereses moratorios, lo que generaría un detrimento al erario estatal y un enriquecimiento sin justa causa a favor del contratista.

El no haberse excluido dentro de la norma los contratos anulados por actos de corrupción, da lugar a que se brinda garantías a los financiadores del doloso o culposo contrato recuperar sus recursos a costa del erario nacional.

Así las cosas, dentro de la sapiencia jurídica que caracteriza a la Corte Constitucional está el estudiar a fondo esta demanda y debatir al interior de la corporación, si es o no inconstitucional esa ley, que hoy mantiene al país en vilo, sobre todo porque las finanzas públicas las que pueden resultar afectadas con las seguras demandas que se han de interponer en lo sucesivo, por cuanto no debe olvidarse que el Congreso ordenó que esta ley fuese retroactiva.

  

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