A presentar balances de gestión

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Cada vez que aparece un informe de la Procuraduría o de la Contraloría en torno al mal funcionamiento de las administraciones municipales –lo cual ocurre con mucha frecuencia–, la ciudadanía piensa que algo no está funcionando bien en el mecanismo de la elección popular de alcaldes.
A estas alturas, cuando ya han transcurrido casi tres décadas del ejercicio democrático de la escogencia de mandatarios locales, se deberían estar produciendo gobiernos transparentes y positivos para la comunidad, no que den muestras de su incapacidad para manejar los destinos de su municipalidad, como ocurre en la mayoría de municipios de la Costa Caribe, que en un alto porcentaje de su población padece de las más elementales necesidades básicas insatisfechas.
Estos últimos treinta años nos han mostrado: o que la mayoría de los alcaldes no tienen preparación para ejercer el cargo, o que son unos corruptos, depredadores del erario, pícaros e inescrupulosos, especializados en el ‘tape tape’ de los entuertos de su antecesor, cuando pertenecen al mismo grupo político.
Las cifras de alcaldes encartados con la justicia son contundentes, en cada periodo más del cincuenta por ciento de alcaldes han tenido que responder ante la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y los jueces por sus actos ilegales, muchos de ellos han cometido errores inducidos por sus más inmediatos colaboradores o ‘calanchines’, que generalmente hacen parte de los mandos medios, y por eso se les denuncia, pero otros han actuado por su propia iniciativa y con dolo.
Lo malo de los electores es que repiten sus equivocaciones el día de las elecciones, entre otras cosas porque no existe un procedimiento de entrega de cuentas, es decir un balance que permita establecer si el alcalde o el gobernador saliente cumplió bien con sus gobernados y en qué invirtió los dineros aportados por los contribuyentes.
El plan de gobierno que obligatoriamente ellos registran en el acto de su inscripción, se convierte en ‘letra muerta’, porque la verdad es que no existe un procedimiento de confrontación de su cumplimiento, ni durante su gobierno ni al final de este.
Las malas actuaciones administrativas de algunos alcaldes llevan al despilfarro de los recursos que termina siendo asumido por los contribuyentes, por eso se hace necesario que los ciudadanos sepan con claridad y con cifras exactas cuáles han sido los costos de sus decisiones electorales, lo que hace de inevitable necesidad que los alcaldes den a conocer sus balances para que la comunidad en general se entere en qué se gastan los dineros de los contribuyentes durante sus administraciones.
Es inconcebible que ya avanzado el tercer milenio todavía encontremos poblaciones que carecen de los más elementales servicios básicos y en donde sus habitantes viven en las más paupérrimas condiciones, en medio de toda clase de necesidades, sin que se vislumbre la más mínima posibilidad de solución para sus múltiples problemas.
Por eso es importante que por mandato de la ley o voluntariamente no solo los alcaldes, sino también los gobernadores, contralores, personeros, presidentes de la asamblea, de los concejos y los directores de los institutos descentralizados, den cuenta permanente y detallada a la ciudadanía, sobre la gestión que vienen desarrollando.
Consideramos que el mecanismo más apropiado es que estos funcionarios periódicamente presenten sus balances para que así exista claridad de cómo son invertidos los dineros aportados por los contribuyentes.

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