Toma de posesión de Triple A por parte de la Nación sería en últimas un despojo contra Barranquilla y el Atlántico: Intergremial

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En un comunicado, el Comité Intergremial del Atlántico rechaza las acciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación contra Triple A. al considerar que dejar esta empresa en manos de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, pone en riesgo las estabilidad financiera, administrativa y operativa, lo que representa una grave amenaza de perder la calidad de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo que han sido modelo a nivel nacional.

La Fiscalía decidió incautar con fines de extinción de dominio las acciones de Inassa en Triple A, lo que para el Intergremial es en últimas un despojo contra Barranquilla y el Atlántico. “Si se configura la incautación a favor de la Nación de las acciones del socio operador de Triple A se despoja, de contera, también a Barranquilla y al Atlántico del manejo de un patrimonio invaluable, como se hizo hace 20 años con el sistema eléctrico regional”.

Por lo anterior, el Comité, presidido por Ricardo Plata, hace un llamado al Gobernador Eduardo Verano, al Alcalde Alejandro Char y a demás dirigentes políticos y sociales de la ciudad y del departamento a defender uno de sus mayores activos, que además es vital para su desarrollo presente y futuro.

Para la agremiación resulta inconcebible que la Nación se apodere de la empresa arbitrariamente y que además le entregue las acciones a la SAE, que no inspira confianza ni tiene ninguna capacidad de manejo de servicios públicos, sobre todo teniendo en cuenta que Triple A administra con lujo de competencia los servicios de acueducto y alcantarillado en 15 municipios.

Para Plata lo procedente, si se comprueban los hecho punibles, es adelantar acciones para identificar las conductas ilícitas y a sus autores, e imponer las sanciones a que hubiera lugar, dejando la posibilidad del resarcimiento económico de los perjuicios sufridos por los afectados, en este caso Triple A y sus socios. Frente al actuar de personas naturales, puede existir responsabilidad patrimonial, no penal, de las empresas a las cuales estaban vinculadas.

Agrega que si se demuestra el daño, el único tipo de reparación aceptable para el Integremial como usuarios de Triple A es la inversión en la empresa misma, que necesariamente redunda en un fortalecimiento del servicio.

Indica el comunicado que la reparación integral del daño presuntamente causado puede verse truncada por la decisión del ente investigador que priva a los posibles afectados del principal activo de Inassa y afecta también el buen nombre y normal operación de la Triple A, al tiempo que pone en tela de juicio la legalidad de los accionistas nacionales y extranjeros de dichas sociedades, que sin estar vinculados a los procesos, pueden verse “expropiados” vía extinción de dominio.

Sostiene el Comité que dentro del proceso penal son viables las medidas cautelares como el embargo y secuestro de acciones, pero sin que eso implique que se tome posesión de una empresa vía extinción de dominio, que es propia de otro tipo de delitos que exigen un accionar diferente del Estado. Y menos aun cuando el proceso se encuentra en fases tan preliminares, sin haber culminado de forma condenatoria ni haber agotado todos los mecanismos de reparación de las víctimas del proceso.

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