Poder sancionatorio en temas urbanísticos

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El sentido y alcance de la sanción administrativa, como los de cualquier otra figura jurídica, dependen del escenario al que se enfrente. La trasgresión de las normas urbanas por sus titulares puede acarrear serias sanciones de las autoridades locales. El derecho urbanístico colombiano es una de las ramas del derecho administrativo que mayor impacto tiene sobre la vida cotidiana de los ciudadanos. Las normas urbanísticas regulan el uso y aprovechamiento de los inmuebles urbanos estableciendo serias limitaciones a las facultades y poderes de los propietarios y promotores inmobiliarios.

En Colombia los propietarios o poseedores de predios que quieran realizar construcciones sobre sus predios deben solicitar licencias urbanísticas a las curadurías o entidades territoriales. Y se manifiesta en la potestad de los entes públicos de imponer sanciones a sus propios funcionarios, la realización de actuaciones urbanísticas como urbanización, parcelación o construcción (en cualquiera de sus modalidades, como ampliación, modificación, adecuación, demolición, etc.) deben realizarse de acuerdo con los usos del suelo, las condiciones de edificabilidad y demás regulaciones de los Planes de Ordenamiento Territorial – POT del respectivo municipio y previa obtención de licencia, según lo dispuesto en el Decreto Único 1077 de 2015.

La ejecución de las actuaciones urbanísticas antes descritas sin el cumplimiento de los requisitos legalmente previstos, genera la imposición de sanciones urbanísticas a los responsables, según lo dispone la Ley 810 de 2003 (la cual modifica la Ley 388 de 1997 que a su vez había modificado la Ley 9 de 1989).

Se considera que toda actuación de construcción, ampliación, modificación, adecuación y demolición de edificaciones, de urbanización y parcelación sin licencia o que contravenga los planes de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas que los desarrollan y complementan incluyendo los planes parciales, dará lugar a la imposición de sanciones urbanísticas a los responsables, incluyendo la demolición de las obras, según sea el caso, sin perjuicio de la eventual responsabilidad civil y penal de infractores.

Igualmente se considera infracción urbanística, la localización de establecimientos comerciales, industriales, institucionales y de servicios en contravención a las normas de usos del suelo, lo mismo que el encerramiento, la intervención o la ocupación temporal o permanente del espacio. Así como la no existencia de la licencia correspondiente o que no se ajuste a ella. La infracción urbanística dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en la Ley 388 de 1997 modificada por la Ley 810 de 2003, según la gravedad y la magnitud de la infracción y la reiteración o reincidencia en la falta.

Esta norma regula el control urbano a través de la identificación de cinco tipos de conductas. Esto es, a) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir; b) Actuaciones en los inmuebles declarados de conservación e interés cultural, histórico, urbanístico, paisajístico y arquitectónico; c) Usar o destinar un inmueble por fuera de las regulaciones urbanísticas y d) Incumplir ciertas obligaciones relacionadas con medidas de control durante la ejecución de obras urbanísticas.

Respecto de las sanciones urbanísticas procedentes, se presenta una gama de opciones, pero sin definición de criterios respecto de los eventos o condiciones para su ponderación o aplicación selectiva o conjunta. La forma de presentación de estas reglas seguramente generará grandes dificultades en su aplicación y requerirá de ajustes por parte de la Corte Constitucional.  

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