Por caso de compra y venta de votos Fiscalía pide cárcel para 7 políticos locales

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A las 9:30 a.m., el Juez Único Penal Municipal con funciones de control de garantías adscrito a Bacrim, Ricardo Méndez, dio inicio a la continuación de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento a los 7 políticos locales Lilibeth Llinás, Aissar Castro Reyes, Juan Carlos Zamora, Vicente Támara, Aissar Castro Bravo, Margarita Balén y Jorge Rangel, quienes son sindicados por la Fiscalía General de la Nación de haber cometido presuntamente los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante.

En esta audiencia se pronunció el fiscal 197 de la Dirección Nacional Especializada, Andrés Rincón, que al igual que el pasado viernes, continuó revelando una serie de elementos materiales probatorios, entre los que esta vez resaltaron audios y declaraciones juramentadas que incriminarían a los funcionarios locales en su vínculo con la “organización criminal”, dedicada a la compra y venta de votos, la cual es liderada por la senadora electa Aida Merlano, hoy tras las rejas en la Cárcel El Buen Pastor de la ciudad de Bogotá. Durante el relato del fiscal del caso, se señalaron varias declaraciones entregadas a las autoridades de líderes sociales involucrados con la campaña, y también de testigos, quienes revelaron amenazas contra sus vidas, realizadas por miembros de esta estructura.

Una de estas amenazas fue contra Francisco Palencia, quien es considerado como el testigo clave de la investigación contra los sindicados. Además, este hombre es testigo protegido por la Corte Suprema de Justicia. En lo expresado por el fiscal Rincón, a Palencia le habrían amenazado con “acabar su vida” desde la “organización criminal”. Esta presunta amenaza se pudo evidenciar en un audio revelado por el ente acusador en el que se escucha “cuidado al abrir la boquita, que ya sabe lo que le va a pasar”.
De igual forma, el fiscal 197 manifestó, que los sindicados por hacer parte de esta estructura delictiva aún continuaban en contacto con varios líderes, los cuales también se encuentran investigados. Los funcionarios habrían entregado instrucciones a estas personas sobre la manera como debían responder en sus declaraciones ante las autoridades, y así “obstruir el proceso”. Sobre este tema la Fiscalía afirmó que Jorge Rangel, también procesado en el caso, se reúne en su domicilio cada domingo con líderes.

El delegado de la Fiscalía General de la Nación, expresó que varios de los sindicados “utilizan el Concejo de Barranquilla como herramienta para pagar sueldos a los líderes que los apoyan en esta “organización criminal”. Esto debido a que los funcionarios le prometerían a sus líderes, puestos de trabajo en el Concejo de la capital del Atlántico a cambio de su colaboración.

También reveló audios de llamadas telefónicas que comprometen a Aissar Csatro padre e hijo, quienes revisaban documentos del Concejo del año 2009, los cuales estaban almacenados en el archivo de ese recinto. Esta revisión se habría hecho con la intención de “tapar” una irregularidad, ya que la Fiscalía había solicitado al Concejo copia de sus contratos.

Padre e hijo, en otra conversación revelada, buscan presuntamente la manera de contactar a un juez penal municipal por medio de un concejal de apellido Ospino. Este intento de acercamiento se habría hecho el 13 de julio, 17 días antes de la audiencia de imputación de cargos llevada a cabo el 30 del pasado mes. Según el fiscal 197, los dos sindicados intentaron a través de sus “influencias”, acercarse a este togado para que “intercediera” a su favor. Además, estos habrían hecho el intento de pedirle ayuda al Alcalde de la ciudad.

Por otra parte, se reveló un chat en el que se observaba mediante una conversación, la manera cómo esta organización tenía el poder de manejar documentos que alteraban el sistema de la Registraduría. En esta, un miembro de la organización le manifestó a uno de sus líderes de que había sido seleccionado como jurado de votación, situación que lo tenía preocupado porque no iba a poder entregarle los dineros a los votantes, a lo que el líder le respondió que no se preocupara, que le diera su cédula y el lo mandaba a quitar de la lista de jurados. Según el Fiscal, esta “organización criminal” tendría acceso además de los líderes y votantes, también al sistema de la misma Registraduría Nacional del Estado Civil.

Posteriormente, el fiscal indicó que debido a las presuntas acciones delictivas de estos funcionarios, se debe revisar si estos al atentar contra la democracia de la ciudad, el departamento y el país a través de compra y venta de votos atentan contra la seguridad pública, lo cual es un delito grave ya que atentan contra el derecho de elegir y ser elegido. De igual forma precisó que en los artículos 313 y 315 del Código Penal, si un delito está establecido con más de 4 años de pena, este se debe cumplir. Aunque especificó que en el caso de los 7 políticos, debe ser en un centro de reclusión intramural, ya que si se determina el cumplimiento de la medida de aseguramiento por fuera de un centro carcelario, no se garantizaría que estas personas no continúen con sus labores delictivas. En este caso, se cumpliría con lo establecido en los artículos, debido a que los delitos por los que se les acusan (concierto para delinquir y corrupción al sufragante) se agravan por tratarse de funcionarios públicos.

Al finalizar la intervención del fiscal 197 de la Dirección Nacional Especializada, Andrés Rincón, los abogados defensores de los 7 políticos le solicitaron al juez, un tiempo de espera para analizar los elementos materiales probatorios aportados por el ente acusador. Por tal motivo sobre las 4:30 p.m, el togado determinó suspender la audiencia de medida de aseguramiento para el lunes 27 de agosto.

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