A luchar contra los defraudadores del erario

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Ese que es un tipo de transgresión a la ley que en Colombia se volvió prácticamente una costumbre, que ha sido tan difundida, que ha llegado incluso a no ser mal vista por algunos sectores y considerada por los contratistas como algo común y corriente, a pesar de lo perjudicial de sus nocivos efectos para la sociedad, no es otra que la corrupción.

Por culpa de los corruptos abundan las obras públicas mal realizadas, las que se deterioran a los pocos meses o las que simplemente se dejan a medias por culpa de quienes sin tener las facultades técnicas, ni las capacidades y las condiciones morales, son los escogidos para ejecutarlas.

En otras palabras, son las coimas recibidas por los funcionarios que adjudican los contratos a los menos aptos para ejecutarlos, las responsables que la mayoría de las veces, las calles, los puentes, las carreteras, los acueductos, los alcantarillados, no se realicen, se hagan a medias o se terminen pero con unos sobrecostos inversamente proporcionales a la calidad de la obra.

Por esto consideramos oportuno sugerir a los colombianos la necesidad de unirnos para rebelarnos contra estos siniestros personajes y exigirles que la plata que se reúna con el esfuerzo de los contribuyentes, se utilice para el bienestar de la comunidad. Indiscutiblemente uno de los fenómenos, que mayor incidencia ha tenido en el atraso social que hoy en día se observa en Barranquilla y gran parte de los pueblos costeños, es la corrupción. Aunque su expansión por toda la geografía nacional y en todos los ámbitos sociales ha provocado la pérdida de billones que bien podrían servir para disminuir la pobreza y aumentar la inversión en salud y educación hacia los sectores más deprimidos.

Hoy, cuando se conocen alarmantes cifras, en torno a los pagos que se dan por sobor- nos entre el sector privado y el público, se ratifica la imperiosa necesidad de redoblar los esfuerzos de la justicia para erradicar de raíz esa actividad que corroe la estabilidad institucional y social. Tal como a menudo lo destacamos en nuestras páginas, esos casos que a diario se denuncian, deben encontrar en la Justicia la mejor fórmula para castigar de manera severa y ejemplar a esos individuos que por sus cargos y posiciones son las primeros obligados a mostrar pulcritud, dignidad y honradez en todos sus actos, por cuanto es desde allí, en el manejo integral, donde se puede derrotar esa práctica ilícita. No podemos finalizar este análisis sin hacer alusión a los comentarios de algunos lectores de LA LIBERTAD en el sentido de que en los países desarrollados también existe el fenómeno de la corrupción en innumerables dependencias estatales; en verdad tienen toda la razón.

La diferencia es que en otros países –como casi nunca sucede aquí en Colombia– la Fiscalía investiga, procesa y lleva a una condena a los implicados, mientras en nuestro país lo que impera es esa figura popularizada en todas las esferas gubernamentales bautizada con el llamativo nombre de “cómo voy yo ahí”, que cada día sube su porcentaje por cuenta de la impunidad reinante. Lo cierto es –y no resulta aventurado vaticinarlo–, que si algún día los organismos fiscalizadores tomaran la decisión irrevocable de perseguir a los corruptos y producto de esa determinación se procesara y condenara a un mínimo de los responsables de este delito, el problema se le trasladaría al Inpec, sencillamente porque las cárceles existentes en Colombia serían insuficientes para recluirlos.

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