Procuraduría solicita cambio de distrito para proceso contra Dayana Jassir

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El exmagistrado Julio Ojito Palma estaría presuntamente inhabilitado para ejercer como defensa técnica de Dayana Jassir De la Hoz.

El delegado de la Procuraduría 43 Judicial Penal señaló al Juez Sexto Penal del Circuito con funciones de conocimiento que el abogado principal que defiende a Dayana Jassir De la Hoz, el exMagistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla Julio Ojito Palma, realizó actuaciones ante el alto tribunal cuando debía estar presuntamente inhabilitado.

En la solicitud ante el Juez del agente especial de la Procuraduría que tiene como fecha 7 de mayo del presente año, recomienda al togado “que se disponga el cambio de radicación del proceso hacia otro distrito judicial”.

Es decir, que el proceso judicial que se adelanta en contra de Dayana Jassir De la Hoz por los delitos de homicidio agravado en la persona de su esposo Eduardo Pinto Viloria, exDirector de Medicina Legal seccional Norte, hurto calificado agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, deberá trasladarse a otro departamento que no sea Atlántico, departamento que solo tiene un solo Distrito Judicial, y es donde actualmente se desarrolla el proceso para esclarecer los autores de la muerte de Pinto Viloria.

Dentro de las consideraciones que el delegado del Ministerio Público argumenta que se dé traslado a otro distrito las audiencias preparatorias del proceso contra Jassir De la Hoz, están la actuaciones del defensor técnico, Julio Ojito Palma.

El exmagistrado hasta el 5 de febrero de 2016 se desempeñó como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, y actuando como abogado defensor de Jassir De la Hoz ha intervenido ante el Alto Tribunal sin que hubiere transcurrido el término mínimo de 2 años de prohibición para que exservidores públicos gestionen intereses privados, como lo señala el numeral 22 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 modificado por el artículo 3 de la Ley 1474 de 2011.

Dicha actuación del exmagistrado a la que se refiere el delegado de la Procuraduría data del 9 de agosto de 2017, donde sustentó un recurso de queja ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, es decir sus excompañeros de trabajo.

Luego el 22 de septiembre del mismo año, la Sala Penal del Tribunal Superior resolvió dicho recurso de queja en una audiencia de lectura de auto en la que asistió Ojito Palma en calidad de defensor de Dayana Jassir De la Hoz.

Otra actuación del abogado ante el Tribunal Superior de Barranquilla cuando presuntamente debía estar inhabilitado fue cuando dicha Corporación Judicial resolvió una recusación propuesta por Ojito Palma en contra del Juez Sexto Penal Circuito, la cual fue sustentada por el exmagistrado de manera oral el 4 de abril de 2017.

Presunta ayuda de sus excompañeros

En el documento de solicitud por parte del delegado del Ministerio Público ante el Juez Sexto del Circuito conocido por Diario La Libertad, el delegado manifestó preocupación de que los excompañeros del abogado que defiende a Jassir De la Hoz conocieran su situación de inhabilidad y aún así le confirieron personería para actuar como defensor técnico de la procesada por el homicidio de Pinto Viloria.

“Esta situación es de suma gravedad porque el Tribunal le confirió personería para actuar al togado aun estando incurso en causal de inhabilidad, y no lo puso de presente, como sí lo hizo en otro caso que consta en el auto de la Sala Penal de fecha 27 de noviembre de 2017”.

Al caso que se refiere el Procurador 43 Judicial es el del procesado Francisco Molinares Coronel, quien fue Juez Sexto Laboral y presuntamente habría incurrido en el delito de prevaricato.

En dicho proceso la Sala Penal del Tribunal Superior manifestó que Ojito Palma no podía ser el abogado defensor de Molinares Coronell debido a la inhabilidad que pesaba sobre él.

“Esta Sala de decisión observa que en en ejercicio de su derecho de defensa, el procesado Francisco Molinares Coronell confirió poder especial al Dr. Julio Ojito Palma, quien lo acompaña como su defensor técnico a las audiencias que se han celebrado ante esta corporación; situación que llamó la atención de los magistrados que la integran, en cabeza del suscrito, en razón a que el hoy apoderado judicial del procesado se desempeñó como magistrado de esta misma Sala de Decisión hasta el día 5 de febrero de 2016, por lo que estaría inmerso en la prohibición para que exservidores públicos gestionen intereses privados de que trata el numeral 22 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, modificada por el artículo tercero de la Ley 1474 de 2011, por no haber transcurrido aún los dos años desde su desvincularon de esta Corporación Judicial”.

Por esta situación la Procuraduría señala que teme por una falta de imparcialidad de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, pues declaró inhabilidad para dicha actuación judicial pero para representar la defensa de Jassir De la Hoz.

“La Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla ha dado lugar a que surjan dudas objetivas frente a su imparcialidad en este caso dado que debió abstenerse de conocer de él o siquiera conminar al abogado inhabilitado para que se inhibiera de actuar ante la corporación antes del 5 de febrero de 2018”, señalo el Procurador 43 Judicial en el documento.

Familia Pinto Viloria siente la balanza inclinada

Por su parte, la familia del fallecido Eduardo Pinto Viloria manifestó a Diario La Libertad que siempre ha temido el favorecimiento del Tribunal Superior de Barranquilla hacia el abogado defensor Julio Ojito Palma, pues señalan que ellos instauraron una queja ante el Tribunal Superior por presunto tráfico de influencias el 21 de noviembre de 2017, y nunca han recibido notificación al respecto.

“A nosotros nunca nos han dado garantías en el proceso como víctimas que somos, en cambio a ellos todo lo que piden al Tribunal Superior, enseguida se lo dan”, manifestó Neibis Pinto, hermana del fallecido.

Ahora está en manos del Juez Sexto Penal del Circuito con funciones de Conocimiento evaluar la petición del agente especial del ministerio público, y decidir si remite el trámite a la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, en tanto se da traslado de radicación del proceso hacia otro Distrito Judicial.

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