Caso Electricaribe: Región Caribe pagará por desaciertos y fracasos de José Miguel Mendoza

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Cuando ha transcurrido cerca de un año y medio desde que fue intervenida Electricaribe por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la empresa sigue en graves problemas financieros, que a duras penas le permiten seguir subsistiendo.

En ese entonces a cargo de la Superservicios estaba José Miguel Mendoza, quien siempre defendió la alternativa de intervenir con fines de liquidación, para allanar el camino a una solución definitiva de la compañía; sin embargo el tiempo transcurrió y tal solución no se dio.

Lo anterior demuestra que la decisión del señor Mendoza fue al parecer fue equivocada y muy perjudicial para el Estado colombiano, que afronta una demanda internacional por los perjuicios ocasionados supuestamente a Gas Natural Fenosa, propietaria de Electricaribe.

Según se pudo conocer habría sido tan pobre tan pobre la gestión del ex superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, que no solamente no frenó la problemática del servicio de energía en la Costa Atlántica, sino que al parecer puso en riesgo al gobierno de pagar una suma astronómica al mencionado grupo español.

Lo que prometió José Miguel Mendoza al asumir el control de Electricaribe, fue la implementación de un rápido proceso de escogencia de un nuevo operador para garantizar un óptimo servicio, con menos interrupciones, rápida atención de fallas y abundantes inversiones en las obsoletas redes de distribución.

Nada de eso se ha dado y por el contrario la empresa continúa afrontando una profunda crisis financiera, sus indicadores no mejoran, la frecuencia de interrupciones se mantiene en promedios elevados, superiores a los del orden nacional y no hay nuevo operador.

El Gobierno Nacional se habría equivocó al nombrar como Superservicios a un profesional con poca o nula experiencia en los temas energéticos y por lo tanto desconocedor de las complejas reglas que lo rigen. Y también se habría equivocado en darle vía libre a la decisión del señor Mendoza de intervenir con fines de liquidación.

De acuerdo a informaciones obtenidas por este medio el funcionario no tenía ni la menor idea que para implementar un proceso de escogencia de nuevo operador, había que cambiar las normas regulatorias vigentes para hacer atractivo el negocio de la distribución de energía en la Costa Caribe. Todo apunta a que creía que se trataba de un tema sencillo de sustitución de un operador por otro y que como ya había compañías interesadas, la solución estaba a la vista.

Se dijo incluso que ya había el interés de EPM para asumir el manejo del servicio en la Costa, pero esta misma empresa aclaró después que legalmente no es posible, porque ningún distribuidor de energía puede tener más del 25% del mercado nacional y actualmente posee entre el 23% y 23.5%. Si asume la Región Caribe, pasaría de ese porcentaje.

Fue tal su mal desempeño en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en este tema específico, que ante las presiones del Gobierno Nacional y de la propia comunidad por los nulos resultados, tuvo que renunciar.

Pasó sin pena ni gloria por este cargo y lo más seguro es que el Estado repita contra él en caso que Gas Natural Fenosa gane la demanda que instauró ante el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI. Es decir, que le toque pagar de su bolsillo parte de la plata que tenga que indemnizar el gobierno.

 

MALA JUGADA

Expertos coinciden en señalar que la medida que tomó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no fue la más conveniente y por eso el problema se mantiene.

La idea es que Electricaribe no debió intervenirse con fines de liquidación, sino con la modalidad de administración, como la utilizada en Termocandelaria, que superó sus problemas y hoy está operando sin dificultad alguna.

La deuda de $2,4 billones que mantiene la empresa se distribuye así: $1,8 billones con la banca, $389.000 millones a los generadores y $250.000 millones corresponden a los proveedores de bienes y servicios. El pasivo pensional está entre $750.000 millones a $1,2 billones.

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