Educación, función del estado

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De todos los derechos que un Estado social debe garantizar, el derecho a la educación ha sido el más damnificado por las rivalidades de los distintos grupos políticos. Son la prueba de que algo tan básico para un país como es la educación no ha dejado de ser instrumentalizado por las luchas de clase y ancestrales influencias de doctrinas sectarias incapaces de reconocer que la educación debiera ser una cuestión de Estado. Tengan grupos e ideologías sus espacios en los que impartir sus doctrinas, pero que no pretendan catequizar a ciudadanos que hace mucho tiempo que han asimilado su derecho a las libertades fundamentales, entre las cuales destaca el derecho a una educación universal, pública, gratuita, laica y obligatoria para todos los jóvenes y mayores que residan en nuestro país. Hayan o no nacido aquí o sean hijos de inmigrantes, con papeles o sin ellos. La libertad y el derecho a elegir son las más grandes realidades por las que los seres humanos pueden luchar y hasta arriesgar sus vidas porque constituyen el fundamento capital sobre el que se sostienen el resto de los derechos universales a la vida, a la justicia, a la dignidad y a la búsqueda de la felicidad. Un pacto por la educación debería proponerse dejar de lado las diferencias partidistas e implicar a toda la sociedad. Y hay que partir del principio de que el sistema educativo no lo constituyen sólo las escuelas, sino también las familias y el entorno cultural.

La falta de calidad se resume en dos puntos: fracaso y abandono del sistema que son muy altos si nos comparamos con la media internacional. Son demasiados los alumnos que no consiguen la graduación mínima y muchos los que abandonan los estudios a los 16 años. Nuestros alumnos saben muchas cosas que sus abuelos desconocían a su edad, pero tienen grandes lagunas en lo más básico. ¿Fallan los métodos de aprendizaje?¿Falla la selección del profesorado?¿Se tiene una idea equivocada de lo que debe ser educar? ¿Se está imponiendo una especie de educación terapéutica, dirigida más a que crezca la autoestima del niño que a enseñarle cosas? ¿Se ha discutido alguna vez cuáles son los conocimientos mínimos que deben mantenerse a pesar de los cambios tecnológicos? ¿Hasta cuándo tendremos una formación profesional desprestigiada, poco atractiva y poco coherente con las ofertas de empleo?, son preguntas fundamentales.

Los contextos en que se producen el fracaso escolar y de dónde salen los alumnos que abandonan la formación se dan en las familias más desfavorecidas. Los datos subrayan que el derecho a la educación está garantizado sólo formalmente. Se sostiene con razón que hay libertad para escoger escuela, en efecto, pero ¿quién escoge la escuela pública y quién puede preferir la concertada? El derecho a la educación es el que hace posibles otros derechos, como salud, trabajo, cultura, vivienda que son menos accesibles para familias con menos ingresos.

Las desigualdades económicas y culturales afectan también a los resultados de la educación. Cuando lo único que crece en nuestro mundo son las desigualdades, un pacto por la educación no puede ignorar esta realidad. Porque están entre nuestros derechos constitucionales que afirman que educar ha de consistir en el pleno desarrollo de la personalidad humana. Educar es formar una personalidad ética; es formar personas autónomas y responsables, capaces de adquirir criterio y de dar cuenta de lo que hacen.

De ahí que es perentorio un pacto que acierte a analizar y discutir la educación como uno de los logros más conseguidos. No basta que el pacto sea político, los agentes sociales y culturales son corresponsables de que se logre una buena educación.

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