Perdonar a los verdugos

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La muerte violenta de Paula Cooper conmocionó a quienes lucharon para impedir su ejecución por asestar 33 puñaladas a Ruth Pelke en 1985, cuando tenía sólo 15 años. Cooper y las otras tres menores robaron el coche y 10 dólares a la señora de 78 años.

La familia de la asesinada y la comunidad de Gary, Indiana, “capital del crimen” en Estados Unidos, exigían la pena de muerte para la última de las cuatro niñas en pasar por el banquillo. Las otras tres se habían salvado al considerar el juez que habían actuado bajo su influencia. Para evitar la silla eléctrica, la defensa de la menor intentó explicar la conducta de la asesina con los años de abusos físicos y psicológicos que le infligía su padre. Pero ya la habían condenado la sociedad y el juez James Kimbrough, contrario a la pena de muerte hasta este caso. El juez murió dos años después en un accidente de tráfico bajo la influencia del alcohol. Gente de su entorno insinuó que bebía más por las secuelas emocionales del caso.

No pudo ver los frutos de la lucha que encabezó Bill Pelke, el nieto de la asesinada, que  sintió la necesidad de perdonar. Mandar a alguien a la silla eléctrica iba en contra el mensaje cristiano que su abuela había compartido durante años con su comunidad.

Cooper y Pelke empezaron a intercambiar correspondencia y la prensa internacional mostraba un creciente interés, lo que desembocaría en un viaje del activista a Italia. Tras hablar del caso con importantes personalidades y profesionales de los medios, se reforzó la imagen que muchas veces se tiene de Estados Unidos: un país que utiliza los derechos humanos y la libertad para justificar una política exterior intervencionista y que luego atropella el padre de todos los demás derechos: la vida. Durante esos días atendió a varios medios y se reunió con gente cercana al entorno de Juan Pablo II, que más tarde pediría a Ronald Reagan en persona clemencia para Paula Cooper.

Pelke, creador de un movimiento con familiares de víctimas de crímenes violentos, recorre distintos estados de su país para extender en colegios, iglesias y organizaciones de la comunidad el mensaje  de que la venganza nunca devuelve ninguna vida ni trae la paz para las familias de las víctimas. Su activismo le ha generado con su familia la misma discordia que genera el debate sobre la pena de muerte en muchos países, donde parte de la sociedad exige endurecer las penas por crímenes violentos.

Cooper salió de la cárcel en 2013. Menos de dos años después, dejó una carta en casa de una amiga suya en la que decía que quería ir adonde ningún ojo pudiera verla y oír el sonido de los pájaros por última vez y ver el sol levantarse. La policía la encontró muerta debajo de un árbol y con un disparo en la cabeza, incapaz de perdonarse como lo hicieron la sociedad y los propios familiares de Ruth Pelke.

El caso invita a reflexionar no sólo sobre el perdón o la necesidad de abolir la pena de muerte. El maltrato y el abuso en los menores dejan huellas imborrables y producen traumas causantes de abusos de alcohol y drogas. Dejan en la víctima la semilla del verdugo en el que puede convertirse en cualquier momento de su vida. La posibilidad de que se produzcan actos de violencia aumenta en lugares donde la falta de oportunidades de trabajo y de educación golpea a los que tienen menos oportunidades, que muchas veces son “personas de raza negra”, como ocurre en Gary, o latinoamericanos como en gran parte del Sur de Estados Unidos.

Estos grupos se enfrentan a una justicia conformada por jurados y jueces mayoritariamente blancos. Además de que la mayor parte de los condenados a muerte en Estados Unidos han sido negros o hispanos, la mayor parte de las personas asesinadas en casos de pena capital eran blancas. Decir, como hizo el magnate Donald Trump, que los hispanoamericanos van a Estados Unidos para delinquir no contribuye a la construcción de una sociedad inclusiva e igualitaria que proteja a personas vulnerables como lo era Paula Cooper cuando recibía los golpes de su padre alcohólico.

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